Sanidad e incentivos

Tras las recientes polémicas desatadas por los artículos publicados sobre los incentivos a los sanitarios dedicados a los trasplantes se nos plantea avanzar más allá en el tema. Como ejemplo citamos el artículo de Tribuna del periódico El Pais “Trasplantes o la fabricación del éxito” ( http://elpais.com/elpais/2016/01/14/opinion/1452798928_402406.html)

Mucha gente ha opinado sobre la conveniencia o no de los “grandes” incentivos que reciben los equipos implicados en los trasplantes, personal sanitario que no está incluido en esos equipos se ha mostrado en contra de las cifras que se manejan, clasificándolas como  exageradas y poco éticas, facilitadoras de conductas inapropiadas por parte de los profesionales que son capaces de “forzar” a una familia a donar los órganos de un fallecido con tal de cobrar tan suculentos incentivos. Pero como  decía antes, podemos contemplar el tema aún más en profundidad, olvidando la crítica a la ONT y si el modelo español merece o no el reconocimiento que recibe o tiene puntos mejorables y centrarnos en el punto de los incentivos en la sanidad.

Por ello planteamos la siguiente pregunta ¿Es ético que un médico reciba incentivos por realizar su trabajo conforme a unos determinados criterios?

Para responder a la pregunta existen varias guías en la literatura que intentan aportar luz a un tema escabroso y que a muchos médicos no gusta tratar abiertamente. Entre otras:

• Ética de los incentivos a profesionales sanitarios: de la Fundación Ciencias de la Salud
• Declaración del comité de bioética de Aragón

¿Como buscar respuestas a un tema que provoca respuestas encendidas?

En primer lugar definiendo que son incentivos y cuales son sus objetivos. Los incentivos según la RAE son “estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos”. Lo que no dice la definición es que deban ser económicos siempre ni que vayan condicionados al ahorro económico.

Encontramos incentivos por parte de las administraciones al personal sanitario por disminuir costos, por aumentar productividad, por calidad en el trabajo desempeñado, por antigüedad o permanencia en el puesto.

Este tipo de incentivos buscan mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios sanitarios públicos, intentando premiar a aquellos profesionales que realizan mejor su trabajo con respecto a los que peor lo hacen. La dificultad en este tipo de incentivos es encontrar unos indicadores de calidad fiables que permitan evaluar el trabajo del personal sanitario sin centrarse exclusivamente en la capacidad de ahorro económico. Se ha intentado por medio de la “carrera profesional” que premia a los trabajadores mejor cualificados, con poco éxito en cuanto a su aplicación en la mayor parte de los casos, se han intentado sistemas de productividad mixtos que intentan premiar el grado de cumplimiento de objetivos económicos fijados por las administraciones  junto con indicadores de calidad en la atención al paciente sin que en ninguno de los casos el sistema o su aplicación haya sido considerada exitosa por todas las partes implicadas.

Desde el  punto de vista ético el principio ético implicado es el de justicia, que en el caso de la asistencia pública ha de ser el de justicia distributiva. Dado que no todas las personas trabajan del mismo modo, ni son igual de eficaces y eficientes en su actividad, es lógico que la retribución sea proporcional a lo que hacen y cada trabajador reciba una retribución por objetivos.  Por tanto los incentivos no son intrínsecamente malos, pero tienen que establecerse de modo que premien la buena práctica, y no el ahorro sin más. Es decir, los incentivos en si no se pueden considerar “éticamente malos” (si es que ese término existe) la dificultad se encuentra en encontrar un sistema de aplicación adecuado al ámbito sanitario que conjugue el reconocimiento de los profesionales que realizan su trabajo de forma “correcta” con los intereses de la administración pública de ajuste en el gasto debido a la escasez de recursos.

También encontramos incentivos por parte de la industria farmacéutica (generalmente en especies, ya sea en forma de costear asistencia a congresos, material médico, cursos de formación) con objeto de fomentar y promocionar el uso de determinados fármacos. Esta práctica alcanzó unos niveles que desde el punto de vista ético eran intolerables y desde hace años se encuentra regulada por la legislación y el “Código de buenas prácticas de la Industria Farmaceútica” . Los límites éticos en este caso son bastante más estrechos y se justifican habitualmente por el alto coste de la formación médica de postgrado. La formación de los médicos está en constante evolución y las últimas novedades se presentan en congresos a los que la asistencia no es barata. Las revistas médicas tampoco lo son y los cursos de actualización en muchos casos son sufragados por los laboratorios farmaceúticos. Ahora bien, ¿es la única forma de formarse de la que disponen los médicos en la actualidad? Pues en la era de internet, obviamente no, y los médicos que evitan el “depender” de los laboratorios para su formación cada vez es mayor y el esfuerzo para el control de los abusos y la proporcionalidad de los recursos destinados por los laboratorios en la promoción cada vez está más controlada.

Por todo ello podemos considerar que los incentivos no son malos independientemente de su cuantía, ni pervierten el sistema, pudiendo incluso llegar a mejorarlo, la dificultad consiste en encontrar un sistema de incentivos “ético” que premie el buen desempeño de las funciones, no solo desde el punto de vista de ahorro económico sino también en calidad de atención al paciente, adecuación a la buena praxis, trabajo en equipo, capacidad profesional y otros criterios como capacidad docente (formación de nuevos profesionales), investigación e innovación y que premie a los profesionales de una forma proporcional, de acuerdo con la citada justicia distributiva, sin menoscabar los recursos destinados a la atención de los pacientes pero garantizando unos profesionales satisfechos con la calidad de su trabajo y satisfechos por su valoración social y económica.